Fuente: lafede.es - Al menos un 91% de los concursos de creatividad y gestión de medios convocados por las administraciones públicas durante el primer trimestre de 2021 presenta algún tipo de irregularidad. Esta es la primera conclusión que se extrae primer estudio llevado a cabo por la Asociación de Agencias de Creatividad Colaboradora y La Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación después de analizar 118 licitaciones públicas valoradas en 250 millones de euros y presentadas en los tres primeros meses de este año.
El estudio en cuestión se ha llevado a cabo en colaboración con CIPESA E INFOADEX y ha revelado que del total de concursos analizados el 51% requiere una facturación desproporcionada para poder participar, en el 65% prevalece el criterio económico por encima de la propuesta técnica y creativa, en el 42% los plazos para presentar los proyectos son insuficientes y en el 91,5% de los casos solo se permite la presentación vía electrónica.
‘El uso de los recursos públicos debe ser ejemplar y, para ello, hay mucho que mejorar en la contratación de publicidad, tanto de medios como de creatividad, por parte de las administraciones’, según José Carlos Gutiérrez, presidente de la FEDE. Por su parte, José María Rull, vicepresidente de la ACT, cree que ‘es muy importante trasladar las mejores prácticas de la empresa privada a las administraciones en la medida que lo permita la ley de Contratos del Sector Público’.
Entre las conclusiones principales, el informe propone un plazo mínimo de tres semanas para poder presentar las propuestas, presupuestos ajustados a los requerimientos técnicos, ofrecer alternativas compatibles con los problemas técnicos de la plataforma oficial para presentar documentación y que la oferta económica sea posterior a los criterios técnicos, para que no se convierta en el único criterio de adjudicación.
Ambas organizaciones han puesto el informe con recomendaciones de mejores prácticas a disposición de todas las administraciones para garantizar la transparencia, la igualdad de las empresas participantes y la posibilidad de adjudicación al máximo de agencias y empresas que puedan ofrecer los servicios requeridos por las distintas administraciones públicas.